- Conversa Sur denuncia que el nuevo Código Urbano favorece a la industria inmobiliaria y reduce espacios públicos.
- Excluyen a asociaciones civiles de decisiones urbanas y sólo escucharán a empresarios inmobiliarios
- Es un caso icónico que podría sentar precedente para posteriores casos que involucren la defensa de la ciudad.
Aguascalientes, Ags., a 7 de febrero de 2023.- Conversa Sur presentó una demanda de amparo en contra del nuevo Código Urbano de Aguascalientes por violar distintos derechos humanos como el derecho a la ciudad y el derecho a la participación ciudadana. El Poder Judicial Federal, a través del Juzgado Tercero de Distrito en Aguascalientes, decidirá si las decisiones del Congreso Local son constitucionales o no.
El 20 de diciembre de 2022 se publicó el nuevo Código Urbano de la entidad que autoriza reducir los espacios públicos y áreas verdes de los desarrollos inmobiliarios, favoreciendo a las empresas en contra del medio ambiente y el derecho a la ciudad. Además, no permite que las organizaciones civiles participen en Comités y Consejos a nivel municipal y estatal para las decisiones del desarrollo en la entidad.
La organización Conversa Sur denunció que el nuevo Código Urbano es regresivo e inconstitucional debido a que busca privatizar el espacio público. Estas violaciones son de especial relevancia ya que la organización tiene el objetivo de que las poblaciones menos favorecidas y sus necesidades sean centrales en la toma de decisiones, especialmente cuando estás afectan su territorio, su vivienda o su ciudad.
Por ello, con el apoyo de Carla Escoffié, reconocida defensora del derecho a la vivienda en el país, la asociación civil interpuso la demanda de amparo el pasado 20 de enero de este año.
“Denunciamos el nuevo código urbano ya que no atiende las problemáticas actuales de la población de Aguascalientes en materia de derecho a la vivienda, medio ambiente y participación”, expresó Alejandro Larios, director de Conversa Sur. “El código retrocede en derechos adquiridos y vulnera los derechos al ambiente sano y el derecho a la ciudad al querer reducir la disponibilidad de espacios públicos. También, afecta los derechos a la libertad de expresión, al escrutinio público y el derecho a defender derechos humanos al limitar la participación de la sociedad civil en los órganos de deliberación”, añadió Larios.
Por otro lado, Carla Escoffié, activista, académica y abogada especializada en derecho a la vivienda, señaló que: “este caso evidencia una tendencia a nivel nacional de dejar en manos del sector privado el desarrollo de las ciudades, incluso a costa de los espacios públicos, por lo que el Poder Judicial tiene la oportunidad de dejar un precedente en materia de urbanismo con perspectiva de derechos humanos, lo cual sería relevante por el contexto de Aguascalientes, pero también de todo el país”.
A finales de 2022, al aprobar el Código, el Congreso de Aguascalientes admitió que su principal objetivo era favorecer los negocios inmobiliarios en la ciudad. Esto se ve reflejado en que para realizar ahora un nuevo fraccionamiento podrán donar menos superficie para áreas verdes y espacios públicos. Anteriormente debían donar hasta 15% y con el nuevo Código podrán donar sólo 12%.
Asimismo, la asociación civil reveló que, durante la elaboración y discusión de este Código no se invitaron a asociaciones civiles que han defendido áreas naturales protegidas como la Pona y Cobos ante la urbanización. En cambio, sí invitaron a actores con intereses privados como los colegios de arquitectos y urbanistas, e incluso a empresas inmobiliarias.
De acuerdo con Conversa Sur, esta exclusión a la participación social se refuerza en el nuevo Código ya que en los Consejos donde se decidirán el futuro de la ciudad no se consideran a asociaciones civiles o se limita su participación. Esto quedó evidenciado el pasado viernes 3 de febrero cuando en la instalación del Consejo Estatal y el Consejo Metropolitano no se consideraron a este tipo de organizaciones aun cuando asociaciones como Conversa Sur solicitaron su inclusión en el debate.
Por ello, Conversa Sur hace un llamado a organizaciones locales y nacionales para trabajar colaborativamente a fin de evitar que las autoridades sean cómplices del enriquecimiento de la industria inmobiliaria a costa de las necesidades de la población.
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